En 1935, con los radicales y la C.E.D.A. se revisó todo lo hecho y se quitó a la ley de 1932 todas las probabilidades prácticas de actuación. La reforma agraria del 1º de agosto de 1935 fue la "contrarreforma agraria", ya que se dedicaron sólo 50 millones de pesetas al pago de indemnizaciones. Con esta irónica apariencia de actividad se tardaría 160 años en hacer la reforma agraria y, como afirmaba José Antonio Primo de Rivera en las Cortes, "si decimos esto a los campesinos, tendrán razón para contestar que nos estamos burlando de ellos".
En febrero de 1936, el Frente Popular accedió al poder, lo que supuso una fuerte aceleración para la marcha de la reforma agraria. Desde el 19 de febrero al 19 de junio de 1936 se ocuparon 232.199 hectáreas y se asentaron 71.919 yunteros.
La Guerra Civil trajo consigo dos políticas agrarias muy distintas:
-En la España republicana, la distribución de la tierra y la ocupación de ésta por los campesinos siguió a un ritmo muy rápido. Con Largo Caballero como presidente del gobierno y el comunista Uribe como ministro de Agricultura se permitió la expropiación de los terrenos cuyos propietarios hubiesen pasado al bando nacional o hubiesen manifestado su apoyo al Movimiento. En mayo de 1938, 5.692.202 hectáreas habían sido expropiadas y distribuidas entre los campesinos (sobra decir que la tesitura fue aprovechada para ejercer el abuso de poder e incluso el robo por el simple medio de emitir falsas acusaciones contra terratenientes y fusilarlos después).
-En la España nacional, la política agraria tomó un giro muy distinto. El decreto del 28 de agosto de 1936 dejó en suspenso la aplicación de los planes de reforma agraria no ejecutados. La nueva política ponía fin a la reforma jurídico-social, cuyo fin principal era la distribución de la tierra entre braceros. En su lugar tomaba cuerpo la reforma técnica, cuyo objetivo esencial era la colonización. Pronto comenzaron a devolverse las tierras ocupadas a sus antiguos propietarios y se creaba el Instituto Nacional de Colonización para hacer frente a la necesidad de aumentar la superficie de regadíos. En época posterior se crearía el Servicio Nacional de Concentración Parcelaria para acabar con el minifundismo.
El problema del latifundismo, espina dorsal de la reforma agraria en la Segunda República, fue abandonado. Es así que las fincas de más de 250 hectáreas ocupan el 45% del suelo en Andalucía, el 39% de La Mancha y el 36% de Extremadura y que el 8% de los contribuyentes poseen el 72% de la renta agrícola de España.
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