LA REVOLUCIÓN FRUSTRADA (y III)

En resumen, la obra revolucionaria de las Cortes no lograba resultados eficaces para los campesinos.  Todo lo contrario, la condición del campesinado se agravó sensiblemente al aplicarse el principio de libertad de contratación.  Los cultivadores directos de las tierras podían ser expulsados si no aceptaban las condiciones -arbitrarias en muchos casos- de los señores propietarios.

Está claro el ideario burgués de los diputados y hombres del gobierno revolucionario.  Sólo algunos diputados irán al fondo del problema poniendo de relieve cómo los señores se habían erigido en propietarios de las tierras de la Corona, lo que sucedía en muchos casos. Por ejemplo, Císcar dirá que las tierras de los moriscos expulsados en el siglo XVII habían pasado por ley a la Corona, pese a lo cual los señores se habían hecho con su propiedad.  Los hombres de 1820 defenderán a estos señores no obligándoles a presentar los títulos originales de adquisición y recortándoles sólo las prestaciones y los derechos feudales de vasallaje.  Ir más lejos, esto es, al fondo de la cuestión, no sería abolición sino explotación.

Pese a la lluvia de protestas de pueblos y colonos, las Cortes soslayaron el problema.  Los nobles y burgueses siguen haciendo maniobras financieras con el objeto de aumentar sus patrimonios y no proporcionando ninguna ventaja a los cultivadores, ya que la venta de tierras en pública subasta no les permitía el acceso a la propiedad.  Al contrario, los pueblos esperaban que de las grandes propiedades divididas en numerosas suertes surgieran numerosos propietarios al adquirir estas parcelas por compra; pero la realidad fue que no pudieron comprar nada y se vieron explotados por los nuevos propietarios poseedores de mayores derechos económicos que los antiguos titulares de los bienes.

Los pueblos y los colonos siguen pidiendo que se les adjudiquen unas suertes de las que pagarían al contado la tercera parte del valor y el resto constituyéndose en censo.  Los parlamentarios, fieles a las interpretaciones del pensamiento liberal, que hubieran sido muy bien escuchadas por muchos ilustrados del siglo XVIII, no les complacieron.

La batalla entre propietario y usufructuario estaba perdida para éstos, pese a afirmar que los grandes propietarios seguirían renovando el absentismo y aumentando las rentas.

Frente a la preocupación socializante del pensamiento ilustrado, que busca unir el dominio directo al útil, convirtiendo al cultivador, sin distinción de condiciones jurídicas, en pleno propietario, la política de la burguesía liberal se limitará voluntariamente dentro de un rígido planteamiento doctrinal, cuya proposición clave -máxima rentabilidad de la libertad económica- servía plenamente a sus intereses particulares.

La opción realizada por las Cortes en favor de los propietarios particulares presentes o futuros, y la paralela desatención de los intereses de los campesinos acentúan el carácter burgués del movimiento revolucionario, a costa de crear la hostilidad de los medios rurales contra el nuevo régimen, factor decisivo en la falta de apoyo en el momento de la crisis de 1823.